MOCION AL PLENO DE LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA
D FRANCISCO MOLINA MARTÍEZ Portavoz del Grupo de IUCyL
en ESTA Diputación, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente MOCIÓN DE
RECHAZO AL PROYECTO DE LEY SOBRE NUEVO CÓDIGO PENAL.
Exposición
de motivos
IUCyL considera que la propuesta de Código Penal aprobada
en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013, representa una clara
agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española
de 1978. Derechos como el de
manifestación, reunión, expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de
Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la
sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este
gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de paro, pobreza y
pérdida de servicios públicos que se están perpetrando: servicios como la
sanidad, la educación o las ayudas sociales por la dependencia, están siendo
privatizados o eliminados directamente, con la consiguiente indignación de los
españoles y españolas, cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les
niegan sus gobiernos en las instituciones.
En este marco,
para el gobierno central del Partido Popular se hace necesario el recorte de
las libertades y derechos de los ciudadanos que rechazan su política, para lo
que se sirve de un proyecto de Ley que nos retrotrae directamente hasta el
franquismo. Artículos como el 557 bis que
en su apartado 3 sataniza al conjunto de una manifestación, a partir de un acto
violento individual, o de un grupo concreto; el artículo 557 ter, que penaliza
la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados, aún siendo ésta pacífica;
el artículo 559, que recorta el derecho de expresión en llamamientos públicos a
la movilización o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones; o el 560 bis que
castiga penalmente la interrupción de servicios de telecomunicaciones o de
transporte, aunque ésta no dañe a personas o bienes; así lo demuestran.
La propia “cadena perpetua” de facto que prevé, a partir de
condenas revisables, es a su vez una medida injustificada, irracional, e
ineficaz, que demuestra el carácter represivo y el recorte de derechos civiles
de este código penal, y el “populismo penal” de grueso trazo y tintes
propagandísticos del que el PP tiñe toda su política legal y jurídica.
Se pretende
criminalizar la protesta activa, connotándola como violenta, pero también el
mero hecho de expresar el apoyo público a la misma y su difusión, y equiparar
la agresión a las fuerzas del orden público con una mera resistencia a la
detención, por pacífica que ésta sea, abriéndose camino la criminalización de
cualquier tipo de manifestación en la que pueda producirse una intervención
policial, bien por alteración del orden público o por orientación del gobierno
de turno. Poner en marcha un código penal represivo como este es más propio de
dictaduras que de regímenes democráticos.
Pero además, es un Código que también criminaliza a las víctimas de la
crisis, reeditando consecuencias muy severas parecidas a aquellas que provocara
la represión franquista con leyes como la “de vagos y maleantes”, porque criminaliza la pobreza y necesidades
sociales, e incluso hasta la enfermedad mental, a cuyos pacientes remite a
instituciones carcelarias negándoles el necesario ingreso y la necesaria
atención por parte de instituciones y profesionales sanitarios.
Las cifras delictivas en España, en cambio, muestran que no hay un problema
de delincuencia que requiera esta respuesta tan agresiva y contraria a los
principios constitucionales de un Estado de Derecho. Se está proyectando un
articulado penal reaccionario, vengativo y autoritario, con un incremento desproporcionado
de penas, y con nuevos tipos delictivos que van contra la protesta social, las
situaciones de pobreza o contra pacientes de enfermedades mentales, mientras se olvida la delincuencia
económica y la corrupción.
Es un código
autoritario para reprimir al adversario social y político; un código que
abandona el objetivo constitucional de la reinserción; el código de un
Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el
desmantelamiento del Estado social y el consiguiente incremento del conflicto.
Por último, un Código Penal que regula una parte importante
de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede, o
al menos no debe, ser aprobado sin un amplio consenso del conjunto de fuerzas
democráticas en el Parlamento, porque además vulnera absolutamente valores de
libertad, justicia, igualdad y los propios valores jurídicos, que están
contemplados en la
Constitución Española.
Un Estado que necesita blindarse con un Código Penal que
criminaliza a los ciudadanos, que usa la represión física o legal para imponer
sus políticas de recorte social es un estado sin autoridad.
Este tipo de
medidas no solo dañan la democracia, dañan la imagen de cualquier país
democrático, por todo lo expuesto, y desde el convencimiento de que la mejor
política criminal es una buena política social, IUCyL propone a esta Diputación,
los siguientes ACUERDOS:
1. Manifestarnos en contra del proyecto de
Código Penal aprobado en el Consejo de Ministros el viernes 20 de septiembre de
2013.
2. Instar al Gobierno central a que retire el
proyecto e inicie un debate público, transparente y plural, con el resto de
fuerzas políticas y sectores sociales que se puedan ver afectados por la
modificación del actual Código Penal.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno
central, a los diferentes Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los agentes sociales,
asociaciones y colectivos afectados.
En Zamora, a 18 de Noviembre del
2013
Fdo.:
FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ
Portavoz de IUCyL
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA-
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