AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA
Do FRANCISCO
MOLINA MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo de IUCyL
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta para su aprobación la siguiente Moción
POR LA DEFENSA DEL MODELO PÚBLICO
ACTUAL DE PENSIONES Y LA DIVERSIFICACIÓN DE SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
El Gobierno
del Estado presentó el 13 de septiembre un anteproyecto de ley por el que se
desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC, y en el que se establece
para su revalorización una cláusula “suelo” del 0,25% y un “techo” del IPC más
el 0,25%.
El propio
Gobierno, ya apunta que en los próximos nueve años las pensiones sólo se
incrementarían el 0’25% anual, muy por debajo del 2% en que subirá el coste de
la vida, de acuerdo con las previsiones del Banco Central Europeo para la Zona
Euro. Esto supondría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del
15’75 %, siempre que la inflación no supere ese 2% anual, estimación bastante improbable,
pues la media de estos años pasados ha estado en torno al 3%.
Este
proyecto, prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0,25% en
los ejercicios o años con superávit. Aunque parezca un sarcasmo, se
necesitarían más de siete años de incremento continuado de las pensiones para
recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo año malo o con déficit.
El factor de
equidad intergeneracional, que completa la propuesta de reforma, y que entraría
en vigor en el año 2019, se basa en la previsión del crecimiento de la
esperanza de vida, a partir de los 67 años, aplicándose una fórmula que
disminuirá la pensión inicial cada cinco años.
La pensión media actual apenas alcanza
los 800 euros mensuales y miles de pensionistas están muy por debajo de esa
cantidad. Más del cincuenta por ciento no sobrepasa los 700 euros y el 25 % de
las pensiones contributivas –así como el total de las no contributivas- están
por debajo del umbral de la pobreza.
El gasto imparable de la luz, el gas,
el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que sumar el copago
sanitario, que incide especialmente en los pensionistas, devaluando aún más su
mermado poder adquisitivo. La reforma que propone el gobierno agravaría
notablemente esta situación, hasta condenar a la miseria a una buena parte de
las y los pensionistas.
El Gobierno
justifica su reforma, no como consecuencia de la crisis actual, sino basándose
en la inviabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población
jubilada, al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la
población activa y a la bajada continua de la natalidad.
Sin embargo, el déficit actual de la
Seguridad Social no obedece a esas causas sino a la recesión económica actual
que ha provocado el aumento del paro y los recortes de los salarios, así como a
las exenciones empresariales en materia de cotización.
La política
económica del Gobierno es la responsable del aumento del paro y de las
reducciones salariales, por la reforma laboral y la pérdida de empleo público.
Todo ello en aras de la privatización de los servicios y del ahorro del gasto
para destinarlo al pago de la deuda contraída para salvar a los bancos y a las
grandes empresas.
De llevarse a cabo éste proyecto de
reforma, las pensiones adquirirían un carácter benéfico en lugar de derecho
adquirido, mediante el pago de las cotizaciones durante la vida laboral. Esto
es para tratar de complementarlo con planes privados de pensiones para la
minoría que pueda pagarlos.
ANALISIS Y
ALTERNATIVAS A LA REFORMA
LAS PENSIONES SON UN DERECHO
CONSTITUCIONAL
El Sistema
Público de Pensiones es uno de los mejores logros del Estado Social, recogido
en la Constitución del Estado, no podemos permitir que lo destrocen.
Recibir una
pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por ello no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma
de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, ya que supone un nuevo
engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras,
por ello:
1.
Denunciamos
que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin
participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las
pensiones. Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta
y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el
futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la
confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión.
2. Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor
esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que
en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos
empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se
producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar
las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio
financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la
magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando
se propone rebajar las pensiones:
a. Del empleo, pues cuanto mayor sea el
número de empleados más ingresos recibirá la Seguridad Social.
b. De la productividad, pues a medida que
aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más
producto e ingresos para financiar las pensiones.
c. Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los
salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más grande será la
masa salarial que habrá para financiar las pensiones.
d. De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña
sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad
Social
- Por lo tanto, no es
cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que,
afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la
especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco
productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez
menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo
como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los
gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión
Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está
dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a
las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos
fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad.
Si se logra
aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos
años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el
proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer
frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se
producirá en los próximos años.
3. Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un
mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las
predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente
si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre
envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de
algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta
que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o
Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no
podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo
sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que
los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos
años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de
la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de
vida.
4.
Denunciamos que quienes ahora dicen
saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado
nunca en las predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de
sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de
pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo
contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros
años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si
ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los
problemas del futuro.
5.
Denunciamos también que la propuesta de
aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin
distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las
personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor
esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que
vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja).
Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que
las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las
de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de
quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas.
Tratar igual a los desiguales, como
pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.
6.
Denunciamos que el grupo "de
sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido
una composición claramente sesgada y muy poco independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o
tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es
obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un
aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.
7.
Denunciamos que a pesar de que el
Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones
no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las
decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas
que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más
inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación
de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible
jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi
cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los
niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de
recursos.
8. Denunciamos que se ocultan a los españoles
algunos elementos fundamentales.
En primer lugar, las cotizaciones sociales
son parte integrante del salario diferido de los trabajadores. Con esas
cotizaciones sociales se financian ahora no sólo las pensiones contributivas,
sino también toda una serie de prestaciones sociales distintas. Reclamamos el cumplimiento
del Pacto de Toledo de forma que esas cotizaciones se destinen
exclusivamente a las pensiones contributivas, mientras que el resto de los
gastos y prestaciones, incluidos los complementos a mínimos y la parte no contributiva
de ciertas pensiones sean financiadas con los Presupuestos Generales del
Estado.
En segundo lugar que, con ese criterio se
conseguiría fortalecer nuestro sistema público de pensiones, mejorar las
mismas, especialmente las más bajas e, incluso, rebajar la edad de
jubilación. Todo ello sin necesidad de trasvasar recursos fiscales a costes
salariales de los empresarios.
Esas
modificaciones del gasto en pensiones y su diferenciación del de protección
social exige obtener más ingresos públicos mediante la reforma del
sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad
el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su
persecución.
9.
Denunciamos que se oculta a los
españoles, que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de
financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos
de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar
con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta
también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para
otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y
eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente
los medios dedicados a su persecución.
10.
Denunciamos que lo que se pretende con
las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión
privada de los recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente
informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el
futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada
vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro
mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades
financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores
no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos,
y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre
enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan
resultarles un negocio suculento.
11.
Denunciamos la complicidad de los
gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y
plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse
ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la
concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone
realmente en peligro.
Por todo ello, pedimos a la opinión
pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan
obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja
la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que
nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no
por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan. Sabemos
que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere
disponer de más recursos, pero la solución no puede ser reducir la cuantía de
las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y a
continuación poner sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que
ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse
ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi
siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en
situación de pobreza severa.
Tras constatar que el sistema público de
pensiones no está amenazado, a no ser como consecuencia de las políticas
neoliberales, los firmantes de esta moción proponemos un conjunto de medidas
concretas para consolidarlo, garantizarlo frente al ataque de los
representantes políticos del capital financiero y mejorarlo de forma que sea
posible aumentar las pensiones, fundamentalmente las más bajas, mejorando la
capacidad adquisitiva de los pensionistas, asegurar la indexación de las
pensiones al IPC e, incluso, reducir la edad de jubilación.
Los recursos necesarios para el
fortalecimiento del sistema público de pensiones no ponen en peligro la
economía, al contrario, contribuyen a mejorar el consumo, elevar la confianza y
garantizar la cohesión social. Frente a ello, el Gobierno ha tomado una
decisión ideológica: pretende aprovechar unas circunstancias coyunturales para
imponen una reforma estructural del sistema público de pensiones.
Por lo expuesto, el Grupo de IUCyL, propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los
siguientes ACUERDOS para ser trasladados a los órganos legislativos y de gobierno de la Nación:
1.
Manifestarnos en contra del proyecto de ley de
reforma de las pensiones públicas, presentado en el Consejo de Ministros del 13
de septiembre del 2013.
2.
Solicitamos la apertura de un debate público,
transparente y plural sobre el futuro autentico de las pensiones para que estas
no se financien exclusivamente por la Seguridad Social, y diversifique su
financiación con los Presupuestos Generales del Estado.
3.
Instar al Gobierno a que se mantenga, ahora y en el
futuro, el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC.
4.
Sustituir todas
las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación y su
financiación con cargo a la imposición fiscal general.
5.
Financiación por los PGE de los programas y
gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las
pensiones contributivas (incluidas las prestadas por el INSS no vinculadas a
jubilación o incapacidad) y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias
de la Seguridad Social.
6.
Acuerdo en el
Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los PGE de las prestaciones
no contributivas (las superiores al 52% de la base reguladora) por muerte
o supervivencia.
7.
Recuperación por parte de la Seguridad Social
de la deuda del Estado para financiación la separación de fuentes, de acuerdo
con los plazos fijados en el Pacto de Toledo. Esta deuda se pagaría en 30
años, a partir de 2015, e iría a engrosar el Fondo de Reserva y las cantidades
anuales estarían determinadas por la diferencia entre el incremento de las
rentas salariales y el aumento del PIB. De esta forma el sistema actuaría de
forma contra cíclica.
8.
Elevación de
los topes de cotización máxima en un 20%.
9.
Incremento de
la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes casos:
a) Horas extraordinarias en contrato a
tiempo completo: 50%; en contrato a tiempo parcial: 100%.
b) Incremento en un 10% sobre de los
actuales tipos de la cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean
indefinidos a tiempo completo.
10. Combatir radicalmente la prácticas
empresariales de despedir a los 11 meses, de terminar los contratos
en viernes o de contratar falsos autónomos.
11. Revisión de las cotizaciones y
formalización de los contratos de los trabajadores domésticos, para ampliar su
regularización.
12. Equiparación progresiva de las bases
medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General.
13. Lucha eficaz contra la economía
sumergida. Se estima que unos 800.000 trabajadores tiene relaciones laborales
sumergidas sin alta ni cotización en la Seguridad Social. Dentro de este
objetivo, reconocer la validez a efectos de alta en la Seguridad Social de los
contratos verbales o de hecho, tal como establece el artículo 8 del Estatuto de
los Trabajadores.
14. Elevación del Salario Mínimo a
1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.
15. Programa eficaz para garantizar el
principio de “a trabajo igual, salario Igual” y conseguir la equiparación del
salario de las mujeres con el de los hombres.
16. Programa de recuperación de empleo
hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por
la crisis.
17. Poner éste acuerdo en conocimiento del Gobierno de la
Nación y de todos los grupos
parlamentarios del Congreso, así como a las organizaciones representantes en el
Pacto de Toledo.
Fdo.
DON
FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ
Portavoz
de IUCyL
En ZAMORA a
18 de Noviembre del 2013
ILMO. SR.PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACIÓN DEZAMORA
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