Defensa de las pensiones

 

 

 

AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA

 

 

 

 Don FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ Portavoz de IUCyL en la Diputación de Zamora, al amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL y en el Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su discusión y aprobación esta PROPOSICIÓN/MOCIÓN en base a los siguientes

 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS

 

La decisión del Gobierno, de no revalorizar las pensiones en España en la cuantía equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación abonada a principio de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit.

 

Para ello, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad por parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda Unida. Igualmente, se modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

 

Para Izquierda Unida esta medida constituye un perjuicio claro para uno de los colectivos más vulnerables, el de los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de manera inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la pensiones la práctica totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo largo de 2013.

 

Igualmente, el Gobierno ha cedido a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía, no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales que conseguimos durante muchos años de lucha.

 

También el Gobierno cambia la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no resultará de aplicación el límite del 3 por 100 de la nómina de pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema, que pueden ser dispuestos para atender el pago de dichas pensiones. Durante esos años el límite será el que determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social.

 

Una medida que se hace sin explicación previa alguna a los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo ni a las organizaciones sindicales y empresariales, como debería ocurrir.

Por todo ello, se debe exigir que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y jubilados.

 

Existe una gran preocupación cuando vemos el impacto que la crisis está haciendo en las personas mayores. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los principales retos socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que tenemos que dar respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía.

 

El aumento de la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes pilares sobre los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad: las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de servicios sociales…. que este Gobierno está recortando.

 

Las principales políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años, a partir de la irrupción de la crisis, y sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está siendo demoledor, llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la exclusión social.

 

Hay que fortalecer la solidaridad intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.

 

El gobierno debe tener en cuenta que los más de 8.800.000 pensionistas y jubilados españoles, en la inmensa mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de ingresos, que además sirve para el sustento de sus familiares en paro o en serias dificultades económicas, por lo que se hace necesario que recuperen el IPC perdido injustamente.

 

Por todo lo expuesto, Izquierda Unida eleva al  Pleno la siguiente

 

MOCIÓN

 

1º La Diputación de Zamora insta al Gobierno de la Nación a retirar el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones.

 

2º Que el Gobierno de la Nación proceda al abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la citada Ley.

 

3º El presente acuerdo se remitirá al Presidente de Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a las asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.

 

Fdo. Don FRANCISCO MOLINA MARETÍNEZ

Portavoz de  IUCyL

 

 

En ZAMORA a 11 de Marzo del 2013

 

 

 

 

 

 

ILMO. SR.-PRESIDENTE DE LA EXCEMA.DIPUTACIÓN DE ZAMORA