MOCION AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA
D. FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ Portavoz
del IUCyL viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, en base a la
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los Alcaldes y Alcaldesas de todos los grupos
políticos, exceptuando al Partido Popular,
mostraron el pasado 13 de octubre en Madrid, su posición radicalmente contraria al Proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, leyendo un manifiesto con el siguiente texto
literal:
“El Gobierno presenta esta reforma con el único objetivo de dar cumplimiento
a la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria. Y pretende basarse en el
argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones
locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación
sin fundamento, puesto que el
endeudamiento público de las entidades locales
está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público
total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos
ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que
servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones
presupuestarias constituyen una
limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin
en sí mismo.
Pero además, son las administraciones
locales las únicas que están
disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de
tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias.
El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a
quien le presta mejor los servicios y si
a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque
percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus
necesidades particulares tienen mejor acomodo.
La ampliación del ámbito territorial del Ente
prestador provoca, indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad;
por otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca mayor
bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los servicios y la
clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos
por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios
de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia
ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste más elevado
que tendrán que costear los ciudadanos.
Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al
referirse al municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la
convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que
pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social
han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al
consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de
estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea
decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a
consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”.
El texto del proyecto del gobierno no es sino una
apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no
resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de
los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de
profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta
decididamente contra ellos.
Los
municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la
actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor
administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se
inicia un proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades
deshacerse de los vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente,
lejana e indiferente a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse
para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio
de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos,
recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos
muchos siglos atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que
hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado
Antimunicipal.
Así, la demonización que en el proyecto de ley del
gobierno se hace por un lado de la entidad local menor, reducto de gran
tradición democrática y que no sólo debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a
su competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo
paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos
sino rechazar.
Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto
reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los
representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos
dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles
de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.
El texto presentado, y que se pretende entre en vigor
el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias
municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la
prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las
Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas
reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la
prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos
en estos momentos de dura crisis económica.
Pero además, supone obviar los compromisos
internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de
Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso
adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan
“libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida
de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que “el
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por
tanto “la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta
la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o
economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior
imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el
modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.
Al
contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran
ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento
residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable,
acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales
fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria,
teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia,
dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que
proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de
dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los
ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.
Así, en el caso de los municipios con población inferior
a 20.000 habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo
26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y
disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios básicos, constituye
el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la prestación
de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.
Ante la propuesta gubernamental no somos solo los
Alcaldes/as los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una
reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones
que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones
de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o
empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.
Hoy
queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata
tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley,
sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Debe ser a través del diálogo constructivo con las
Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título
VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el
modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la
elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación de
éstas ante el Tribunal Constitucional.
Por la hondura
y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que
se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una
ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, a
fin de evitar la intervención del
Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno
nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se
materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades
locales menores.
Denunciamos pues o estamos
en contra de la vulneración del
principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco
de la Carta Europea de Autonomía Local.
El Proyecto reduce el
respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud
de instrumentos de tutela económica y de gestión.
La invasión del marco
competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias
plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes CCAA.
La reforma local que se
define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto de objeciones de fondo que se
formulan en estas alegaciones, tendría que establecer su carácter supletorio respecto
a las CCAA con competencias plenas en la materia.
La inadecuación del
contenido del Proyecto a las finalidades en que se fundamenta.
El Proyecto penaliza las administraciones que han
realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público.
Ni mejora la
financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las
finanzas locales
Finalmente
manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la
financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley incorpora
modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña con
la consiguiente reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su
financiación a las responsabilidades que les encomienda”.
Por todo lo anterior el pleno del Ayuntamiento asume los
siguientes:
ACUERDOS
1.-
La Diputación de Zamora muestra su rechazo a la
reforma de la administración local y solicita al Gobierno de la nación que, a fin de
evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su Proyecto de Ley y elabore
uno nuevo en base a los principios de
consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo contar con la participación de las
administraciones locales, tanto directamente como a través de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus competencias.
2.-
Dar traslado de los
acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al
Presidente del Gobierno.
Fdo. Don FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ
Portavoz de IUCyL
En Zamora
a 15 de Octubre del 2013
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZAMORA-
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