AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA.
Don FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ, Portavoz de IUCyL , al
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente MOCIÓN PARA recomendar la REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
protección del entorno y la preocupación creciente para asegurar un desarrollo
sostenible, donde el uso racional del agua es una parte de importancia
indiscutible, se han transformado en objetivos primordiales de la acción de los
poderes públicos a todos los niveles.
IU
defiende el derecho humano al agua y al saneamiento, y que el agua no es una
mercancía. Por ello impulsa la gestión pública del abastecimiento y
saneamiento, y las luchas sociales contra la privatización. Defendemos el
acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo
control democrático. Los gobiernos deben
abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la
privatización de sus servicios.
Para
Izquierda Unida, el derecho al agua tiene dos facetas, al menos. Por un lado la
libertad de acceso al recurso vinculado a la satisfacción de las necesidades
vitales; y por otro el que se deriva del derecho
al suministro domiciliario de agua potable. Esta última, la que implica la
prestación de un servicio que debiera ser responsabilidad exclusiva de los
poderes públicos, obliga a éstos a garantizar determinadas prestaciones
imprescindibles para satisfacer las necesidades vitales, tal y como recogen los
artículos 18.1.g) y 26.1 de la Ley
de Bases de Régimen Local de 1985, que avalan sentencias de tribunales supremos
regionales, como la sentencia núm. 817/1999 de 24 septiembre del TSJ de
Castilla y León
Pero entre que: En Castilla y León la Ley reguladora del ciclo
integral del agua de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León NO EXISTE y por tanto NO
LO TIENE REGULADO, y…
Las delicadas finanzas municipales han
convertido a las empresas privadas de gestión de agua en un instrumento para
conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de
manera rápida y relativamente sencilla. Con lo que se firman contratos de larga
duración, que no aseguran que lo recibido sea invertido en el propio ciclo
hidráulico para el municipio.
Los
ayuntamientos venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria
y vamos hacia la burbuja del agua que se levanta beneficiando solo a la empresa
concesionaria que olvida sistemáticamente hacer la inversión donde se debiera,
que es en mejorar las infraestructuras que garanticen el mejor servicio de agua
posible para el municipio.
Unido
a esto, la falta de un ente regulador que supervise la concesión permite entrar
en procesos menos garantistas, menos transparentes, pero el principal problema
es que los ayuntamientos están privatizando servicios para “hacer caja”. De ese
modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular.
Instituciones como el Banco Mundial
ha hecho un llamado a “repensar” las políticas de privatización, al reconocer
los problemas de regulación relacionados con los proveedores multinacionales de
agua, y al ver los efectos de un modelo de prestación de servicios con fines de
lucro prevalentes sobre trabajadores, familias de bajos ingresos y el medio
ambiente.
El
Tribunal de Cuentas español, en su Informe 1.010 de fiscalización del sector
público local, asegura que la gestión pública directa de los servicios básicos
como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria cuesta mucho menos al
ciudadano que una vez privatizado. Los
ciudadanos pasan a ser clientes y los servicios de acceso universal tan sólo
accesibles para quienes puedan pagarlos.
Las empresas pueden pasar a tener impunidad absoluta para cortar el
suministro a quien no puede pagarlo. Por esto, Izquierda Unida quiere avanzar
en una regulación específica que garantice que este servicio no será cortado o
minimizado bajo ningún pretexto.
Con el proceso privatizador existen aspectos que no
toleramos:
- Las empresas concesionarias
pueden rebajar la oferta económica que hacen al ayuntamiento porque donde encuentran el verdadero negocio
no es en el agua, si no en las obras de infraestructura, el ladrillo
asociado al agua, que, SIN PASAR POR NINGUNA MESA DE CONTRATACIÓN, son adjudicadas a sí mismas y que, una
vez realizadas, deben pagar los vecinos vía reducción de canon, vía
aumento de tasas mediante modificaciones tarifarias en las ordenanzas para que los usuarios paguen el agua más cara.
- Esta falta de transparencia en
la adjudicación impide el control de gastos. Las obras de infraestructura
acaban siendo demasiado caras, repercutiendo negativamente en la economía
de los vecinos del municipio. El ayuntamiento no presta el debido control,
no se preocupa de conseguir presupuestos más ajustados, optando por la
comodidad de dar la obra a la empresa que gestiona el servicio. Solo tiene
en cuenta el sacrosanto equilibrio financiero de las cuentas de la empresa,
olvidándose de si los vecinos y vecinas pueden hacer frente al pago del
recibo. En la mayoría de los casos, no contemplando algún tipo de bonificación o exención
del pago en las ordenanzas que regulan el precio del agua y que debieran
estar aprobadas para el beneficio de los vecinos y vecinas, que no el de
las empresas.
- Perder el control del
servicio implica perder el control de la calidad del mismo. El personal
que pasa a la empresa privada, o el personal que contrata dicha empresa
tendrá unas condiciones laborales peores, dando, por lo tanto, una peor
calidad del servicio. Además, el
control de calidad del agua la hace la misma empresa pudiendo deducir, en
general, que lo que evalúan será siempre de calidad adecuada, salvo que
para asegurarse el equilibrio financiero tengan que realizar determinadas
obras de infraestructuras con la excusa de mejorar
la calidad de las aguas.
Además,
con la privatización no se establece
ninguna “entidad auditora” que evalúe si lo contenido en el contrato se cumple
o no, y puede resultar fácil que determinados preceptos en materia de obras o
mejoras no se realicen, lo que podría suponer un incumplimiento de contrato y
causa de ruptura justa y gratuita.
Izquierda
Unida está convencida de que deben ser los poderes públicos quienes gestionen
los derechos de los ciudadanos, y el agua es uno de los derechos esenciales. El
objetivo de la remunicipalización estará
en la perspectiva de futuro más inmediato en los municipios. Entendemos que la
gestión de los derechos de los ciudadanos debe estar en manos públicas, que es
la manera de garantizar que ese derecho se administra con justicia social, de
forma igualitaria y que asegure nuestros derechos y obligaciones.
Por todo lo
expuesto, traemos al pleno de la Diputación de Zamora la siguiente moción para
llegar a los siguientes ACUERDOS:
*Recomendar a
los Ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes que
tomen las siguientes medidas:
- Crear una comisión formada por todos los grupos para
determinar si han existido o no por parte de la empresa concesionaria
incumplimientos tales que el contrato pueda quedar resuelto.
- Iniciar el
proceso de recuperación del servicio de abastecimiento de agua para el
municipio iniciando todos los trámites administrativos necesarios para
ello.
- En tanto en
cuanto se produce este proceso de reversión de concesión, y en caso de que
sea necesario realizar alguna obra de acondicionamiento general o
especifica del servicio, se proceda a la licitación abierta para la obtención del servicio más eficaz
y eficiente, permitiendo así establecer un proceso de transparencia en los
gastos del ayuntamiento.
- Mientras
dura el proceso de cambio de titularidad del servicio, que el ayuntamiento
se comprometa a no modificar el
régimen tarifario del abastecimiento del agua contemplado en las
ordenanzas municipales
- Acordar que
el suministro del agua no será cortado bajo ningún concepto a ningún
vecino, hasta revertir el contrato de concesión, para lo que se
establecerá la forma jurídica adecuada para asegurar este derecho
ciudadano
- Elaborar un
inventario de bienes y personal relacionados con el servicio de
abastecimiento de agua en el municipio con el fin de preparar su mejor
adecuación una vez se haya producido la reversión del contrato.
- Establecer
un carácter progresivo de las tarifas, para evitar despilfarros de un bien
escaso bonificando el ahorro y un uso responsable del agua.
Fdo. Don FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ
Portavoz de IUCyL
En Zamora a 6 de Octubre del 2014
ILMO.
SR. PRESIDENTE DE La EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZAMORA
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