MOCIÓN AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN DE
ZAMORA
D
FRANCISCO MOLINA MARTÍNEZ, Portavoz del Grupo de IUCyL, viene a formular para
su aprobación la siguiente MOCIÓN CONTRA EL PROYECTO DE LEY PARA LA
RACIONALIZACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
El Consejo de Ministros del pasado
26 de julio aprobó, finalmente, el Anteproyecto de “Ley para la racionalización
y la sostenibilidad de la Administración Local”, después de un año y medio con
propuestas contradictorias y con ocurrencias de última hora QUE AFECTAN a miles
de municipios españoles, a sus respectivos regidores y a los millones de
ciudadanos que son receptores de esos servicios públicos locales.
Tal documento, ya en trámite
parlamentario, pretende, desde el gobierno central, modificar radicalmente otro
ámbito competencial diferente, el local, sin contar con éste ni con la
administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en
exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las
líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública
que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que,
grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso
dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento
controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del
modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno, despreciando
y desconociendo que el nivel local de gobierno es una estructura nuclear del
Estado Constitucional.
La denominada reforma de la
administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición
la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más
cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de
la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas,
de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de
sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más
acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición
constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y
actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de
administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las
entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la
primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
La famosa y trágica, por sus consecuencias,
reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011,
acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria
como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión
se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin
contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de
servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas
populares.
Habla el informe de que elimina
duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin
embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas
y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier
servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los
municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o
servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades
Autónomas sin un análisis económico financiero serio, sino que de lo que se trata es
simplemente de justificar un ahorro final de 8.000 millones de euros (o de
7.100 millones, según la fuente que se consulte), cifras cuya procedencia es un
misterio.
Hablan de duplicidades cuando
quieren decir desmantelamiento de servicios y privatización de los mismos.
Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la
mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de
una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre
régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del
Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera
recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar
la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes
instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa
económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la
democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de
los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración
en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad
decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control
democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los
servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus
competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la
eliminación de la política en el ámbito local.
La reforma huele a moderantismo
del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política,
y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del
ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce,
supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al
82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya
existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los
8.116 municipios españoles.
La reforma refleja, finalmente,
los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los
Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país
vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con la
deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes
de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de
más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de
la misma-.
Ningún dato avala el cumplimiento
del supuesto ahorro neto mencionado entre los años 2013 a 2015, a no ser con el
coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios
y destrucción de empleo público municipal.
En definitiva, la reforma de la
administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en
la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización
y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del
gobierno central.
El Consejo de Ministros, con esa
iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia
democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Esta reforma elimina el poder de lo más cercano,
aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva
autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más
participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más
tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la
reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado
artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que
condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y
atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la
pretendida intención de eliminar competencias.
Desde su constitución en 1979, los
Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que
gobiernan en dirección a una permamente aunque desigual descentralización,
asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que
sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el
desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel
de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de
competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de
financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:
1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando
a las Diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la
“coordinación de servicios”, sino relevantes competencias, entre ellas, las de
gestión tributaria.
2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios,
considerando a la administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos
parámetros vendrán determinados por una mera Orden ministerial.
3.- Estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que depende la
autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector público
local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la
creación de lobbies empresariales para la prestación de servicios.
4.- Aparición de un nuevo mecanismo o
protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos: el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos
Municipales), que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe
si a decisión del Gobierno o de las Cortes.
5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local,
dejando a los Ayuntamientos como entidades meramente formales.
6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública
empresarial.
7.- Establecimiento
de mecanismos de ajuste o redimensionamiento (como expone el texto) sobre el
personal al servicio de las administraciones públicas.
Por todo lo
anteriormente expuesto, el Grupo de IUCyL propone al Pleno los siguientes
acuerdos:
1.- La retirada inmediata del
texto del Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
administración local.
2.- Adherirse
a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta
reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
3.- Adherirse a cuantas
plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y
cercano a los intereses de la ciudadanía.
4.- Una propuesta de trabajo para la
reforma local que analice y reflexione sobe los siguientes aspectos:
·
Suficiencia financiera y autonomía política.
·
La
ciudad como pilar del desarrollo económico y de un nuevo modelo productivo.
·
Reforma
del modelo de Estado.
5.- Instar la convocatoria inmediata de una
reunión extraordinaria de la Federación Española de Municipios, en donde
debatir un texto consensuado.
6.- De estos acuerdos
se dará traslado al Presidente de Gobierno y a
todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.
En Zamora, a 26 de Septiembre de
2013
Fdo.:
FRANCISCO
MOLINA MARTÍNEZ
Portavoz del Grupo
de IUCyL
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE ZAMORA-
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